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La sala plena de la Corte Constitucional decidió que no realizará audiencias públicas para debatir el tema de la despenalización del aborto en el país.
Los nueve magistrados del alto tribunal concluyeron que no era pertinente realizar una sesión publica en el marco de la demanda contra el artículo 122 del código penal, que impone una condena de hasta cuatro años de prisión para quienes practiquen el aborto por fuera de las tres causales permitidas desde el 2006.
El debate sobre una audiencia pública lo llevó a sala plena el magistrado Antonio José Lizarazo, luego de recibir más de veinte solicitudes de participación a audiencia.
Entre esas peticiones están las de los congresistas Angela María Robledo, Juan Carlos Lozada y Angela Lozano; el de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT) y la Codirectora de Católicas por el Derecho a Decidir – México, Paula Sánchez Mejorada.
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También se registran peticiones del exrelator especial de las Naciones Unidas, Anand Grover; el profesor del Washington College of Law, Juan Méndez; la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, y la Organización Médicos sin Frontera, entre otras.
La propuesta de audiencia pública la inició el movimiento de mujeres Causa Justa bajo la idea de que la Corte escucharía públicamente a aquellos y aquellas que están a favor y en contra de la despenalización total del aborto.
“Resulta indispensable que la Corte convoque a una audiencia pública frente al proceso constitucional de la referencia pues (i) el asunto que se discute en la demanda amerita un análisis profundo y completo dada la vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas y del personal de salud que trae consigo la criminalización parcial del aborto”, señala la petición del movimiento.
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En medio del debate interno, el despacho del magistrado también recibió la propuesta de la Procuraduría que advierte que la Corte no sería la competente para tomar una decisión de fondo dado a que esa facultad de quitar o poner delitos y condenas le corresponde al Congreso de la República como legislador.
Por eso propuso que la Corte se declare inhibida en la discusión; es decir, que no tome decisiones de fondo, sino que deje las cosas tal cual como están frente a la interrupción voluntaria de embarazo (IVE).
