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Con una votación ocho a uno, la sala plena de la Corte Constitucional negó la medida cautelar que pedía suspender el decreto 568 de 2020 que expidió el gobierno de Iván Duque yque obliga a los funcionarios públicos a entregar una parte de su salario en medio de la pandemia por la COVID-19.
Esa petición se había presentado en medio del estudio constitucional que adelanta la Corte para verificar la viabilidad de la medida.
La ponencia sobre el estudio constitucional del decreto está en manos del magistrado Carlos Bernal que pidió al Gobierno un informe donde explique las razones para expedir el decreto.
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La Corte solicitó responder 14 preguntas en donde se pide justificación sobre los criterios para escoger al grupo de personas de “clase media vulnerable” a quienes va a ir dirigida la medida
También pide aclarar, “cómo se distingue a los trabajadores informales que serán beneficiados de los trabajadores informales que integran la población vulnerable que es atendida con otras medidas”.
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Así mismo, se solicitó explicaciones del por qué el decreto no incluye a los miembros de la fuerza pública, ni “los trabajadores del sector privado y las personas naturales rentistas de capital, cuyos ingresos mensuales por salarios o rentas de capital son iguales o superiores a 10 millones de pesos”.
Sobre el articulo 3, el alto tribunal preguntó: “¿Por qué se incluyeron únicamente pensionados que reciben una sola prestación económica (megapensiones) y no aquellos que perciben ingresos mensuales iguales o superiores a 10 millones de pesos”?
Según el decreto, la medida empezó a regir desde el primero de mayo y va hasta el 31 de julio, los dineros que se recauden de ese impuesto serán destinados a inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales.
