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Dentro de la decisión del alto tribunal se establece que la norma expedida por el Gobierno Nacional no vulnera la Constitución.
El decreto manifiesta que los menores de edad pueden quedarse en los centros transitorios, hasta tanto el Gobierno tenga definidas las ofertas institucionales para esa población.
"El presente decreto dispone que cuando en el curso de desvinculación de menores de edad, el ICBF compruebe su mayoría de edad, estas personas podrán permanecer en los lugares transitorios de acogida hasta su tránsito a la oferta vigente de reintegración social y económica para las personas o grupos armados al margen de la ley que se desmovilicen voluntariamente", indica la norma.
Sobre el decreto y el estudio que se estaba llevando a cabo en la Procuraduría, se había elevado un concepto para que esa medida fuera declarada constitucional, argumentando la protección de los derechos de quienes tienen la condición de víctimas de reclutamiento forzado.
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