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El coronel (r) Publio Hernán Mejía está ad portas de convertirse en el primer oficial en ser juzgado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso por los llamados 'falsos positivos'.
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Esto después que la Sala de Reconocimiento trasladara el expediente a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la cual adelanta las labores de investigación y acusación.
La decisión se tomó después que el excomandante del Batallón La Popa no reconociera su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales que se registraron entre los años de 2002 y 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
El oficial en retiro manifestó en repetidas oportunidades que no tenía responsabilidad o conocimiento alguno en los hechos que realizaron sus subalternos con el fin de demostrar resultados operacionales en la lucha contra la subversión.
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Las pruebas recolectadas hasta el momento indican que los integrantes de ese Batallón habrían pactado una alianza con los grupos paramilitares que delinquían en la zona para retener y asesinar a personas que posteriormente fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate.
En julio de 2021 la JEP anunció la imputación de cargos contra varios militares de dicho Batallón por 75 ejecuciones extrajudiciales registradas cuando el coronel Publio Hernán Mejía era el comandante.
En dicha imputación de cargos se señalaba que el coronel Mejía -junto a otros dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercer y tres soldados profesionales- tuvo responsabilidad directa en la presentación de personas ajenas al conflicto armado como guerrilleros.
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En este sentido se advierte que "tuvo liderazgo y contribuyó de manera esencial" tanto en el diseño como en la implementación del "plan macrocriminal" que se puso en marcha para demostrar resultados operacionales en la región.
En su defensa, el oficial ha manifestado que las declaraciones que lo vinculan con estas ejecuciones extrajudiciales son falaces y son descabellados.Frente a esta posición, la Sala dio por terminada lo que se conoce como parte dialogónica del proceso y se abre la posibilidad de un juicio.
Será ahora la UIA la que defina si existen méritos para iniciar un juicio adversarial en contra del coronel. De ser hallado culpable durante el juicio se expone a una condena de 20 años de prisión.
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