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El fiscal general (e) Fabio Espitia dejó en claro que por ahora no existe ningún impedimento legal para que el coronel retirado Jorge Armando Pérez Amézquita y otros cuatro uniformados investigados por la muerte del exguerrillero de las Farc Dimar Torres Arévalo, puedan salir del país.
“En este momento como la audiencia se suspendió no existe elemento alguno o medida que se pueda disponer en relación con él, porque la audiencia se suspendió por cuenta de la decisión del juez de control de garantías”, dijo el fiscal Espitia.
No obstante, el funcionario enfatizó que los investigadores cuentan con suficientes elementos de prueba para imputar cargos al coronel retirado Jorge Armando Pérez Amézquita y a los otros cuatro uniformados involucrados en la muerte del excombatiente.
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“Hay elementos de juicio que le permiten a la Fiscalía solicitar una imputación y una medida de aseguramiento”, dijo el fiscal Espitia.
Con relación a este proceso, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se abstuvo de resolver el conflicto de competencias planteado por la defensa del coronel Pérez y los otros cuatro militares procesados por los hechos que rodearon el asesinato del desmovilizado Dimar Torres.
En ese sentido, la investigación continuará en la jurisdicción ordinaria y no en la justicia penal militar, como lo solicitaba la defensa del Coronel.
La sala disciplinaria señaló que “es el superior jerárquico del juzgado 80 penal municipal con función de control de garantías, quien debe definir la impugnación de competencia planteada en este caso a los jueces penales del circuito de conocimiento“.
Cabe mencionar que también son investigados los uniformados Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexander Buriticá Duarte y William Andrés Alarcón Castrillón.
En la audiencia en que se planteó el conflicto de competencias, el procurador del caso Víctor Hugo Hurtado Cortés, señaló que no podría presentarse dicha situación debido a que “un conflicto de competencias surge únicamente entre dos jurisdicciones, (...) situación que aquí no surgió pues es muy claro que son las partes las que manifestaron dicha condición y las mismas no tienen funciones jurisdiccionales”.
Según trascendió en su momento, Dimar Torres fue encontrado muerto por un grupo de campesinos el 22 de abril de este año en Ocaña (Norte de Santander), cuando presuntamente el cabo segundo Gómez cavaba una tumba para enterrar y desaparecer los restos del exguerrillero, sin cumplir ningún protocolo legal.
