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Un informe motivado de más de 300 páginas, realizado por la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), concluyó que sí hubo violación a la libre competencia económica, en la adjudicación del proyecto Ruta del Sol II, tras el soborno de Odebreceht a Corficolombiana y Episol, dos compañías del grupo del Grupo Aval.
Según el documento, “las evidencias que corroborarían la forma en que Corficolombiana realizó el reembolso del soborno a Odebrecht consisten, entre otras, en una serie de pagos que, por su falta de soporte y justificación, podrían obedecer a esta dinámica”.
En ese sentido, la delegatura recomendó “sancionar a las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Investment, Corficolombiana, Episol, Concesionario Ruta del Sol”.
Igualmente, se sugiere sancionar a las personas naturales: “Luiz Antonio Bueno Júnior (expresidente de Odebrecht para Colombia), Luiz Antonio Mameri (expresidente de Odebrecht para Latinoamérica), Luiz Eduardo Da Rocha (exencargado de la División de Operaciones Estructuradas, desde donde se giraban los sobornos), Manuel Cabral Ximenes (director de contrato del lado de Odebrecht), Yezid Arocha (exdirector jurídico de Odebrecht en Colombia) y José Elías Melo (expresidente de Corficolombiana)”.
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El superintendente, Andrés Barreto, tiene un plazo de seis meses para decidir si acoge o no la recomendación del informe motivado que, entre otras cosas, señala que la sanción para las compañías involucradas en este caso sería superior a los 90 mil millones de pesos y de dos mil millones de pesos para las personas naturales.
De acuerdo con la SIC, “Odebrecht, Corficolombiana, Episol y su unión temporal (Concesionaria Ruta del Sol) hicieron acuerdos contrarios a la libre competencia, en este caso relacionados con la adjudicación del contrato Ruta del Sol II en 2010, por más de $2 billones”.
El informe detalla que Odebrecht realizó pagos adicionales y externos al que ya se había conocido por US$6,5 millones, suma que fue dada al entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales.
En ese sentido el documento también sugiere “declarar responsable a Gabriel Ignacio García Morales por su participación en el acuerdo previsto en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 y en la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que Morales se acogió al programa de beneficios por colaboración ocupando el primer y único lugar en el orden de delatores".
"Adicionalmente cumplió con las obligaciones derivadas de este programa. Por estos motivos, recomienda esta Delegatura que se proceda a otorgar la exoneración total de la sanción según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 1523 de 2015 que le reglamenta", apunta el informe.
