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RCN Radio conoció que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia excluyó la conversación que sostuvo el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez con los excongresistas Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella dentro del proceso que se adelanta contra la exsenadora Piedad Zuccardi por ‘parapolítica’.
El alto tribunal determinó que dicha prueba fue obtenida de manera ilegal vulnerando el derecho fundamental a la intimidad del excomandante de la AUC quien se encontraba privado de su libertad en la cárcel de Itagüí (Antioquia). “Se trata de una conversación privada cuyos intervinientes no han consentido en su publicidad”.
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En el debate jurídico se concluyó que esta misma prueba fue excluida en el proceso que se adelantó contra la exrepresentante a la Cámara, Zulema Jattin por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares al considerarse en ese momento que fue anexada al proceso de manera irregular.
En este caso, Mancuso aseguró que un artefacto electrónico en el que guardaba unos documentos escritos y de audio le había sido retirado sin justificación alguna por las autoridades carcelarias. Poco después conoció que su contenido estaba siendo “feriado” en Bogotá.
Meses después uno de los audios que contenía dicho dispositivo fue revelado por un medio de comunicación. En dicha charla aparecían los congresistas Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella –dos de los primeros condenados por ‘parapolítica’- antes que rindiera versión libre ante la Fiscalía en el desarrollo de la ley de Justicia y Paz.
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En este caso se señaló que ninguno de las tres personas que aparecen en la grabación avalaron que su charla fuera registrada en audio ni autorizaron que lo ahí manifestado fuera utilizado en una investigación.
El proceso contra la exsenadora Piedad Zuccardi, procesada por el delito de concierto para delinquir agravado, se encuentra suspendido mientras se resuelve su petición para que el caso pase a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que funge como primera instancia.
La excongresista es procesada por presuntamente haber firmado una alianza con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que apoyaran su candidatura al Congreso de la República.
