Contraloría: 'cartel de las frutas' también operó en Buga

Así lo señalaron auditorías realizadas por el organismo de control en el que se evidenció un pacto de precios, "usando como referencia los altos costos de algunos productos como el aguacate, en Bogotá, y no los regionales en donde se prestaron los servicios".

Esto se evidencia indica, la Contraloría, en el precio que se tomó como referencia para el aguacate bugueño, uno de los alimentos usados dentro del menú del programa de alimentación escolar.

"Mientras el kilo de aguacate en Corabastos, en Bogotá, se cotizaba a $3000 en el Cavasa de Buga, el mismo kilo costaba tan sólo $2000", reveló la Contraloría.

Lo mismo ocurrió para otros productos como por ejemplo el plátano hartón, que hacía parte de los alimentos que se les estaba dando a los estudiantes de los diferentes colegios de Buga.

Otras irregularidades

La Contraloría reveló que en Buga se suscribió un contrato con la Unión Temporal Buga Total, por $2.421 millones para el suministro de 16.000 complementos alimentarios escolares, así como 4.100 almuerzos.

Sin embargo, señaló el organismo, "se evidenció que no se presentaron cálculos técnicos para establecer el valor final del contrato y en consecuencia tampoco los presupuestos oficiales para la atención del mismo".

La Contraloría determinó que los responsables de la pérdida de recursos públicos, por cuenta de estas irregularidades serían el alcalde del municipio, Juan Andrés Latorre, quien además obraba como representante legal de la entidad que fue contratada para el programa.

También estarían implicados el Secretario de Desarrollo Institucional, Jorge Humberto Vázquez, quien suscribió el contrato y la Secretaría de Educación municipal, Lorenza Santos Barbosa.

Cabe recordar que la semana pasada, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra 5 empresas y 7 personas naturales que habrían participado en este presunto 'cartel de las frutas' para la alimentación escolar por $40.000 millones, en Bogotá.

Según indicó el organismo de vigilancia, los implicados habían acordado boicotear las licitaciones de alimentación escolar y presionar a las entidades para elevar los precios de las frutas, que hacían parte del menú para los estudiantes de los colegios en Bogotá.