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Según el ente de control, Lyons debe responder por irregularidades en los pagos al Fosyga por terapias para supuestos pacientes con síndrome de Down.
Según recalcó el contralor, es necesario que se dé celeridad a este proceso, por parte de la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría, "con el fin de decretar cuanto antes las medidas cautelares a que haya lugar, insistiendo en que todas las demás decisiones de impulso y de fondo que resulten pertinentes, deben tener el carácter de prioritario y urgente”.
Maya Villazón señaló que se trata de tres procesos, adicionales a los demás que se adelantan contra Lyons Muskus, por parte de la Contraloría General de la República, abiertos desde el 23 de febrero uno de ellos y el 14 de junio de 2017 los dos restantes.
Pagos irregulares
Entre los procesos figura uno por pagos que, con los recursos del componente de Salud provenientes del Sistema General de Participaciones, fueron efectuados desde su administración para la realización de terapias basadas en neurodesarrollo, "en los que figura en calidad de presuntos responsables, además del propio Alejandro Lyons Muskus, su secretario de salud, Edwin de Jesús Preciado Lorduy", recordó el contralor.
Dijo que tan solo uno de los procesos está abierto por una cuantía superior a los $3.626 millones, por pagos irregulares efectuados por la administración departamental, sin que el exgobernador Lyons Muskus hubiera efectuado el seguimiento y verificación necesarios para garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el reconocimiento y pago de servicios no POS, a favor de afiliados al régimen subsidiado.
Fue así como, durante la vigencia 2015, la administración departamental de Lyons pagó de forma directa, y por lo tanto violando los procedimientos previstos legal y reglamentariamente para hacerlo, sumas cuyo componente correspondía a las EPS de los afiliados.
"La Contraloría General de la República estableció que la Secretaría de Salud departamental de la administración del exgobernador Lyons Muskus, asumió el costo de la totalidad de las terapias que se le facturaron, cuando debía haber pagado únicamente el excedente del valor que no estuviera incluido en el POS", señaló Maya Villazón.
Así mismo, se determinó que las terapias basadas en neurodesarrollo se pagaron en forma integral y completa, cuando la normatividad establece que esto sólo puede hacerse si el tratamiento ordenado se encuentra incluido en el POS y tiene un componente adicional asociado, que es el del neurodesarrollo o neurorrehabilitación.
"Todo lo anterior generó en consecuencia un daño al patrimonio del Estado en cuantía de $3.626.134.860 pesos, suma por la que ahora está llamado a responder Lyons Muskus", recalcó.
Terapias no prestadas
Además, por hechos similares presentados durante la misma vigencia, se adelantan por parte de la Contraloría General de la República otros dos procesos contra el exgobernador Lyons.
"Uno de ellos, en cuantía de $1.345 millones, se dio también por irregularidades en el pago de supuestas terapias basadas en neurodesarrollo, que, a pesar de no haber sido prestadas, sí fueron pagadas por la Gobernación, lo cual es aún peor", afirmó el Contralor.
El tercero de los procesos, por $86 millones, se presentó por el sobrecosto en el pago de las referidas terapias, donde las observaciones están dadas en una diferencia entre lo facturado por la IPS prestadora del servicio y pagado y el valor que se debió pagar.
"A partir del principio de Colaboración Armónica que existe entre la Contraloría y la Fiscalía, desde el año anterior estas irregularidades fueron puestas en conocimiento del órgano investigador, información que se le reiteró recientemente mediante oficio del pasado 1º de febrero", apuntó el Contralor.
Los hallazgos reportados tienen que ver con servicios prestados a la Población Pobre no Asegurada, por terapias basadas en neurodesarrollo o paquetes integrales de neurorrehabilitación, en el año 2015 y en algunos meses de la vigencia 2014, periodo en el cual era gobernador Alejandro Lyons Muskus.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia aprobó un preacuerdo en el que se decidió que Lyons debe pagar una condena de algo más de 5 años, y la devolución de más de $4.000 millones, por un caso de corrupción.
