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La Contraloría General de la República entregará próximamente un estudio real de la forma como, a lo largo y ancho del país, se mueven subterráneamente dineros en compra y venta de cupos indicativos, anunció el contralor Edgardo Maya Villazón. “El negocio de los cupos indicativos sirve para financiar las campañas políticas”, aseguró.
Maya Villazón mencionó como en municipios de 10 mil o 20 mil habitantes aparecen extrañamente construyendo obras como estadios, tal como se ha visto, por ejemplo, en El Molino (La Guajira). “Y resulta que es un cupo indicativo que está manejando el alcalde, para construir esa obra”, agregó.
El contralor habló del tema al intervenir en un panel sobre “Ética en el Ámbito Público”, en que el intervinieron también el procurador, Fernando Carrillo, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el presidente del Consejo Gremial, Jorge Humberto Botero.
Corrupción
El jefe del organismo de control consideró que el momento actual es uno de los más difíciles que ha vivido el país como reto ético, ante el embate de la corrupción. Insistió en que todas las actividades están permeadas por la corrupción, pero no se puede dejar que este flagelo nos acabe y destruya la sociedad y el estado de derecho. De hecho sugirió la pena capital para los corruptos.
“Estamos a 17 meses de cumplir los 200 años de la batalla de Boyacá y la historia es la misma, y nos obliga a rememorar en este acto el decreto del 12 de enero de 1824 del Libertador Simón Bolívar, imponiéndole la pena capital a los corruptos que son los causantes de todas las tragedias que sufre nuestro país, dice el decreto. Yo creo que hoy se puede revivir ese decreto a pesar de que los liberales como yo, somos abiertamente enemigos de la pena capital”.
Maya dijo también que todas las conductas corruptas en el sector público requieren el concurso del sector privado, que muchas veces logra sus cometidos sobornando a los funcionarios que trabajan con el Estado. El contralor consideró que el buen ejemplo y el compromiso son dos baluartes fundamentales para rescatar la ética en el país. “Tenemos que rescatar el valor supremo de la ética”, enfatizó.
Afirmó además que se hace necesario reducir la tramitología que se exige para estar dentro de la formalidad, porque esa es una fuente de corrupción y para muchos la informalidad resulta mejor negocio.
El contralor señaló también la necesidad de reformar el control fiscal para evaluar el papel de las contralorías territoriales y reducir el tiempo de duración de los procesos de responsabilidad fiscal. De otro lado, se mostró partidario de hacer un control de la permanencia de los funcionarios de carrera administrativa que trabajan con el Estado, para especializar el servicio público. En este sentido, propuso que con alguna periodicidad se les hagan exámenes de conocimientos.
El decreto al que hace énfasis el contralor Edgardo Maya lo explicó Óscar Alarcón a través de una columna en El Espectador
“Artículo 1. Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí los fondos públicos de diez pesos arriba queda sujeto a la pena capital.
Artículo 2. Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.
Artículo 3. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo lº.
Artículo 4. Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República, y se tomará razón de él en todos los despachos que se libren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos”.
