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Para el alto tribunal, es responsabilidad de la Fiscalía y la Rama Judicial la privación injusta de la libertad del entonces líder político, y luego que se demostrara que no hubo pruebas sólidas que determinaran la acusación después de 11 años de estar en la cárcel, por los delitos de homicidio y rebelión.
Dentro de las investigaciones que se desarrollaron alrededor de este hecho, el Consejo de Estado encontró una serie de irregularidades cometidas en contra el exlíder de la UP relacionadas con testimonios de exmilitares de la región, y que no tuvieron los suficientes argumentos para soportar la presunta responsabilidad de la víctima.
Para Aida Avella, presidente de la Unión Patriótica, este hecho fue uno de varios que tuvieron que soportar varios líderes de la UP de la época, por cuenta de la situación política y social que existía.
"Yo pienso que es un acto de justicia porque no solamente Nelson, sino otros 13 compañeros estuvieron en la cárcel más de 10 años acusados de una manera absolutamente injusta, en un juicio político que le hacían a la Unión Patriótica y al Partido Comunista Colombiano en Urabá y la Corte Suprema lo tumbó porque los testigos eran soldados de la Brigada que estaban acantonadas en Urabá", señaló la líder política.
El entonces alcalde de Apartadó, Antioquia, fue acusado y condenado por su presunta participación en la denominada masacre de 'La Chinita' de Urabá el 23 de enero de 1994 por parte de las Farc, en donde fueron reportadas como muertas 35 personas.
El exlíder político fue privado de su libertad el 22 de febrero de 1994 y tras un proceso ante las instancias judiciales en la cual la Corte Suprema de Justicia anuló todo lo actuado, recobró su libertad el 23 de junio de 2005.
