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En el 2007 el CTI de la Fiscalía, en medio la investigación por un homicidio, recibió denuncias contra Quintiliano Ramos Vargas, de supuestamente obligar a unos ciudadanos de la vereda El Mesón, jurisdicción de Icononzo (Tolima), a promover un paro armado a nombre de la desmovilizada guerrilla de las Farc.
Supuestamente, el hombre obligaba a los ciudadanos a participar en el paro armado o entregarles la suma de $ 50.000 y, si no apoyaban la causa, debían abandonar la vereda en la que vivían.
El CTI entregó un informe a la Fiscalía de Ibagué que inició un proceso penal contra Ramos Vargas por los delitos de extorsión y rebelión. El proceso se adelantó sin su presencia y la Fiscalía logró una orden de captura en su contra que se hizo efectiva en un retén de Policía.
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En el 2008, un juez de Ibagué lo absolvió, pues las personas que lo habían denunciado se retractaron en plenas audiencias de juicio. El hombre estuvo privado de la libertad siendo inocente.
En el fallo que lo absolvió se llamó la atención a la Fiscalía que no tuvo en cuenta su testimonio y tampoco habría permitido su defensa. “Quintiliano Ramas siempre permaneció viviendo en la misma dirección en la ciudad de Ibagué. El ente investigador jamás le notificó de la investigación para que ejerciera el derecho de defensa y solo se limitó a declararlo como persona ausente", se señaló.
“Quintiliano Ramas Vargas y su familia se encuentran en situación de desplazamiento forzado por motivo del conflicto armado desde el año 2004”, se indica en el fallo que lo absolvió.
El caso llegó al Consejo de Estado a través de una demanda contra la Fiscalía, que ahora tendrá que indemnizarlo en más de 395 millones de pesos por los perjuicios de los que fue víctima.
El Consejo de Estado concluyó que efectivamente hubo una injusticia contra el hombre que, siendo inocente, tuvo que estar preso, pagar un abogado y defenderse de unos hechos que no había cometido.
