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Según el alto tribunal, el Ministerio del Interior, de Justicia y la Presidencia de la República, actuaron con omisión al no haber garantizado la protección de los habitantes de Vista Hermosa, Meta, a quienes les fueron arrebatadas sus tierras bajo la excusa de utilizar sus predios para negociar la terminación del conflicto.
En esta sentencia, el Consejo de Estado señaló que “deberá garantizarse la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogo, negociación y firmas de acuerdos de que trata esta ley”.
El documento además hace alusión no solo al despojo de las tierras del demandante, sino al arrebato que hicieron de su ganado y sus cultivos.
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