Condenan a tres exgobernadores del Putumayo por corrupción

Condena a exgobernadores del Putumayo por corrupción y peculado. Pena de prisión y multas millonarias impuestas por la Corte Suprema.
Exgobernadores del Putumayo condenados por corrupción
El grupo 'Carpa de la Resistencia’ bloqueó la vía que conecta hacia la vereda Pueblo Viejo, desde hace más de 45 días. Crédito: Pixabay

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió fallo condenatorio contra los exgobernadores del departamento del Putumayo, Fabián Alfonso Belnavis Barreiro, Renzo Alfonso León Vargas y Carlos Alberto Palacios Palacio.

Esta decisión se deriva de irregularidades en la celebración de un convenio en el año 2005, en el marco de cooperación y asistencia técnica con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB).

Con base en las investigaciones lideradas por el magistrado Jorge Emilio Caldas, los exgobernadores desembolsaron un total de $2.977.508.105 por la carta de acuerdo 001 y $2.494.955.579 por la carta de acuerdo 002.

Sin embargo, se constató que solo se ejecutó un 20% de los recursos correspondientes a la carta 001, lo que dejó un saldo de $739.964.262,57 en manos de los contratistas.

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Fabián Alfonso Belnavis Barreiro recibió una pena de 179 meses y 28 días de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Además, deberá pagar $5.335.814.791,98 como reparación por los perjuicios causados.

Por su parte, Renzo Alfonso León Vargas fue condenado a 126 meses y 13 días de prisión por peculado por apropiación, así como a una multa de $2.914.508.105,58.

Y Carlos Alberto Palacios Palacio enfrentará una pena de 128 meses y 20 días de prisión, también por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, además de una multa de $2.532.185.579.

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La Corte Suprema ha enfatizado que los exmandatarios no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni ser elegidos o designados como servidores públicos. Asimismo, se les prohíbe celebrar contratos con el Estado, ya sea de manera personal o a través de terceros.

Finalmente, la Sala ordenó que se emita una orden de captura contra los tres condenados, que se llevará a cabo una vez la sentencia quede en firme, todo en pro de la lucha contra la corrupción y la protección de los recursos públicos.


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