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La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes para demostrar que Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora de un colegio en Charalá, Santander fuera condenada a 20 años y 9 meses de prisión por delitos como: secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado.
El fallo ordenó la captura inmediata de la mujer para que cumpla la pena con medida intramural.
Igualmente, un particular identificado como José William Parra Arroyave, también fue condenado, al ser considerado el facilitador del actuar violento y desproporcionado en contra de la población civil por parte del frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Un fiscal de Dirección Especializada contra la Corrupción reveló en juicio que, la exrectora entre los años 2001 y 2003, permitió que estudiantes fueran accedidas carnalmente por la banda criminal. Además, atestiguó que la mujer ofrecía a las jóvenes en bazares, celebraciones y reinados de belleza, como también prestaba sus oficinas como rectora de la institución para llevar a cabo las agresiones hacia las adolescentes.
En el proceso de investigación, se pudo conocer que, al menos dos víctimas permanecieron encerradas por un prolongado periodo soportando vejámenes de jefes paramilitares identificados con los alias: 'Víctor', 'Carlos', 'Nariz', 'Chirrete', 'Silvestre'y 'Shuster'.
Mientras que para Parra Arroyabe, señalado de ser auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, se le atribuyó el reclutamiento forzoso de las menores de edad. Evidencias recolectadas hicieron constar que engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo de las AUC. Entre ellos, uno de los jóvenes fue abusado sexualmente en varias oportunidades por los cabecillas paramilitares.
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El hombre recibió una condena de 24 años y 2 meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.
La Fiscalía General de la Nación agregó qué: “La actividad investigativa que permitió obtener estas dos sentencias de primera instancia se siguió en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2.000 del anterior Sistema penal.”
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