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El juez 29 penal del circuito ordenó además de la condena a 67 meses de prisión domiciliaria, el pago de 255 salarios mínimos legales vigentes.
Así mismo, Mariela Contreras Cruz, Zully Herrera Contreras y Argemiro Arévalo Romero, fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas durante 44 meses.
La Fiscalía los señaló de engañar a las autoridades para lograr una millonaria indemnización del Estado en el proceso por la masacre de Mapiripán, Meta, en julio de 1998.
Los procesados aceptaron que le mintieron al Estado Colombiano cuando aseguraron que cuatro de sus familiares perdieron la vida en esos hechos. Cabe recordar que la masacre fue perpetrada por grupos paramilitares en junio de 1997.
Para septiembre de 2005 el Estado Colombiano reconoció a Mariela Contreras, a su hija, Zully Herrera, y a su yerno, Argemiro Arévalo, luego de denunciar ante la Fiscalía que sus familiares fueron asesinados y que ellos fueron víctimas de desplazamiento.
La Fiscalía indicó que los acusados recibieron 3 mil 300 millones de pesos en varios pagos, entre los 300 y 500 millones de pesos, a finales del año 2005.
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