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El alto comisionado para La Paz, Miguel Ceballos, aseguró que tras la confesión del senador del partido Farc Carlos Antonio Lozada sobre su relación en el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, debe evaluarse si debe seguir o no ocupando una curul en el Congreso de la República.
Incluso dijo que debe analizarse si deben aplicársele restricciones de la libertad a él y a Pablo Catatumbo, quien dio a conocer la responsabilidad de ese grupo.
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“La ley estatutaria establece que cuando alguien que está en el marco de la JEP reconoce, dentro de su obligación de decir verdad, la comisión de un delito, ese tribunal debe aplicar lo que en esa legislación se llama las sanciones propias”.
Ceballos en nombre del gobierno también le pidió a Lozada que haga esa misma confesión ante los magistrados de la JEP.
“Se debe evaluar, como dice la propia ley, la compatibilidad o no del ejercicio del cargo de senador y la confesión de semejante delito como es el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado”.
Agregó que “deben continuar las investigaciones por cuenta de la propia JEP, que tiene una Unidad de Investigación, como una especie de Fiscalía”.
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También recalcó en que la postura del gobierno está dirigida a que la Fiscalía General mantiene “plena competencia” sobre la investigación del caso Gómez Hurtado y que, por cuenta de este hecho, deben abrirse nuevas pesquisas en contra de Iván Márquez, también miembro del secretariado e incluso Pablo Catatumbo.
Lozada, senador del partido Farc, entregó nuevos detalles de la participación en su momento del grupo guerrillero en el crimen del líder político Álvaro Gómez Hurtado, en hechos registrados el 2 de noviembre de 1995 en el norte de Bogotá.
Dijo que el integrante del entonces llamado 'secretariado de las Farc, Víctor Julio Suárez Rojas ('Jorge Briceño' o 'Mono Jojoy') dio la orden directa para asesinar a Gómez Hurtado.
En entrevista con El Espectador, Lozada aseguró que "la orden la dio el secretariado y la recibí de Jorge Briceño, que era el comandante de quien yo le atendía órdenes. Esa orden se transmitió a través mío y la ejecutó un comando de cuatro personas de la Red Urbana Antonio Nariño".
Indicó, además, que desde hace mucho tiempo los organismos de seguridad del Estado conocían la participación de la extinta guerrilla de las Farc en este crimen.
