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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para el próximo lunes 5 de octubre una audiencia en la que se evaluará el caso de los seguimientos ilegales y recolección de información adelantada por integrantes de la Fuerza Pública en contra de un grupo de periodistas, magistrados de las altas cortes defensores de derechos humanos y sindicalistas en 2019.
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En dicha diligencia se escucharán las intervenciones de las partes que denunciaron ante ese organismo internacional este nuevo capítulo de las chuzadas" y "perfilamientos ilegales", entre los que se encuentran la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, así como los congresistas María José Pizarro, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar.
En los hechos que fueron revelados por la Revista Semana se destaca que integrantes del Ejército Nacional habrían creado carpetas con información privilegiada de cerca de 130 personas. Para recolectar estos datos se habrían utilizado plataformas tecnológicas para interceptar comunicaciones y personal de inteligencia.
Los informes periodísticos indicaron que la cúpula del Ejército y su entonces comandante, el general Nicacio Martínez Espinel tenía información clara sobre la recolección de esta información y los perfilamientos. Los generales en retiro Eduardo Quirós y Gonzalo Ernesto García también fueron salpicados.
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El pasado 8 de septiembre, tras presentar un derecho de petición, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) aseguró que la Fiscalía General indicó que solamente se habían identificado a "no más de 20 personas" perfiladas por el Ejército Nacional, situación por la cual se lanzó una alerta ante una posible impunidad.
La Fundación indicó que “las autoridades asumen públicamente compromisos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, pero con el paso del tiempo pareciera que estos quedan en una rueda de prensa, se diluyen en pocas semanas y no se reflejan en las investigaciones”.
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“Para la FLIP, es preocupante que los avances frente al caso de perfilamientos son mínimos y no proporcionan garantías para la libertad de prensa ni para la protección a las fuentes. Las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para esclarecer de manera pronta la verdad sobre las vigilancias del Estado ni para prevenir que vuelvan a ocurrir”, agregó.
Por estos hechos, la Procuraduría General citó a juicio disciplinario a dos generales en retiro, cinco coroneles, un teniente, tres mayores y dos suboficiales adscritos a diferentes unidades de inteligencia.
