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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió a la Fiscalía aclarar el alcance del principio de oportunidad concedido a Juan Carlos Cáceres Bayona, uno de los principales implicados en el escándalo de corrupción de Centros Poblados.
Esta solicitud fue realizada durante la audiencia realizada ante el juzgado 76 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, al considerar por considerar que hay aspectos que podrían generar confusión.
Según los representantes de la Agencia, el principio de oportunidad entregaba beneficios a Cáceres Bayona a cambio del pago de 12.062 millones de pesos y de servir como testigo en contra de los otros tres implicados en el caso de corrupción: Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Ottomar Lascarro.
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No obstante, para la Agencia Jurídica Duque ya fue condenado por este caso a 52 meses de prisión, por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación, y ante ese escándalo Cáceres Bayona ya no sería testigo en su contra.
Así mismo, advirtió que el principio de oportunidad preveía que Cáceres Bayona reintegrara 5.760 millones de pesos entre el mes de noviembre de 2025 y el mes de diciembre de 2027, situación que genera inquietud e incertidumbre por cuanto el proceso estaría suspendido hasta agosto de 2025.
También ello ocasiona preocupación frente a lo que sucedería si para esta fecha Cáceres cumple con su deber de declarar y no reintegra la totalidad del dinero.
Debido a esta petición de la Agencia Jurídica, el juez del caso admitió parte de las consideraciones y decidió devolver el principio de oportunidad a la Fiscalía para que ajuste los alcances de esta negociación.
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“Cáceres Bayona era dueño de la empresa Nuovo Security LLC y según la Fiscalía, junto a Emilio Tapia estaba al mando de todas las empresas de la Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros, Intec de la Costa, Novotic y Omega Building SAS”, agregó la Agencia Jurídica del Estado.
