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El escrito que radicó formalmente la Fiscalía General ante el Complejo Judicial de Paloquemao y en el que solicita una audiencia de preclusión del proceso adelantado contra el expresidente Álvaro Uribe, por supuesto soborno a testigos, fue conocido en detalle por LA FM.
Se trata de un documento de cuatro páginas, en el cual el fiscal jefe de la Unidad Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, pide de manera oficial, la programación de una diligencia para sustentar la preclusión de la investigación contra el exsenador, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación.
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Luego de cinco meses y cinco días, el fiscal Gabriel Jaimes defendió su actuación y afirmó que esta determinación se produjo en el marco del ordenamiento jurídico en cumplimiento del deber que le asiste como fiscal según lo establece la constitución.
El fiscal delegado aseguró que tomó la decisión, tras establecer que "varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe".
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En el escrito, el fiscal delegado insiste que la causa para solicitar la preclusión a favor del exsenador Uribe se centra en "la atipicidad del hecho investigado y la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado".
Tras ser radicada la solicitud, el Complejo Judicial de Paloquemao definirá, por reparto, el juez de conocimiento de Bogotá que resolverá la petición de la Fiscalía de precluir el proceso contra Álvaro Uribe, y la eventual apelación será definida por los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá.
La historia del complejo y voluminoso proceso contra Álvaro Uribe Vélez se origina el 23 de febrero de 2012, cuando el expresidente denunció ante la Corte Suprema al senador Iván Cepeda, por un supuesto 'cartel de falsos testigos' en su contra que lo incriminaba en vínculos con el paramilitarismo.
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Sin embargo, el 16 de febrero de 2018 el caso tomó un giro importante y la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia archivó el proceso contra el senador Iván Cepeda y ordenó investigar a los entonces congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada, por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
Un año más tarde (octubre de 2019), Uribe fue escuchado en indagatoria por la Corte Suprema y en agosto de 2020, la Sala de Instrucción de ese mismo tribunal, ordenó su captura, convirtiéndose en el primer expresidente de Colombia en estar bajo la figura de detención domiciliaria.
No obstante, por cuenta de la renuncia de Álvaro Uribe al Senado y una maratónica audiencia, fue dejado en libertad luego de 67 días.
Todo el expediente de más de 70 cuadernos, 22.000 interceptaciones telefónicas documentos, bajo reserva, y un listado de más de 40 testigos, pasó al despacho del fiscal jefe Delegado Ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, mano derecha del fiscal General Francisco Barbosa.
