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Para la Fiscalía General existe evidencia suficiente para inferir que el mayor de la Policía, Jorge Mario Molano Bedoya actuó de manera irresponsable para controlar la manifestación que se adelantó en el marco del Paro Nacional el Primero de Mayo en la ciudad de Ibagué.
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El oficial, quien se desempeñaba como comandante de la estación Norte, omitió todos los protocolos institucionales de reacción y control de multitudes, y disparó su arma de dotación de “manera indiscriminada y sin razón alguna” en contra de los manifestantes que se encontraban en la Carrera Quinta con calle 80.
En medio de esto, uno de los disparos alcanzó a Santiago Andrés Murillo Meneses, de 19 años de edad, quien caminaba hacía su lugar de residencia y no tenía ninguna participación en las protestas que se adelantaban en la capital del Tolima.
El joven recibió un impacto en el pecho que le arrebató inmediatamente la vida. Testigos, pruebas de video y el dictamen de Medicina Legal permiten inferir que la bala que impactó contra Santiago Murillo fue disparada por el mayor Molano Bedoya.
Para el fiscal del caso, Santiago "se encontraba indefenso frente al ataque de una persona formada en el manejo de armas” puesto que solamente caminaba rumbo a su casa “no existía el más mínimo peligro ni para el oficial ni para los agentes a cargo de este”.
En este sentido se señala que el informe balístico concluyó la coincidencia entre el arma del oficial y el proyectil que le causó la muerte a Santiago Murillo. “Existe uniprocedencia entre el proyectil extraído a la víctima y el arma SP 0169540, con lo cual se puede inferir con probabilidad de verdad que quien disparó contra Santiago Murillo fue Jorge Mario Molano Bedoya, miembro de la policía en grado de mayor”.
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Con estas evidencias, la Fiscalía General acusó al oficial del delito de homicidio agravado. El mayor Molano Bedoya seguirá privado de su libertad en la cárcel de Picaleña de la capital del Tolima mientras se adelantan las audiencias preparatorias de juicio.
Este proceso pasó, por orden de la Corte Constitucional, de la justicia penal militar a la ordinaria al considerarse que los hechos por los que es investigado el mayor no tienen relación con su servicio.
