La FM en Google News
Para este miércoles estaba convocada una diligencia judicial en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco del caso de los cuatro congresistas que fueron denunciados por presuntamente haber ejercido presiones indebidas para que no se revocara el polémico contrato firmado entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
En contexto: Senadores Benedetti, Zabaraín y Gómez responden tras investigación por caso Centros Poblados
Sin embargo, a última hora la Red de Veedurías Ciudadanas se retractó y retiró la denuncia que había presentado semanas antes contra los congresistas Daira Galvis, Mauricio Gómez y Antonio Zarabaín.
Pablo Bustos, quien lideró la acción judicial, ofreció excusas y señaló que hasta la fecha "no militan en su contra pruebas de responsabilidad en el caso MinTIC-Centros Poblados".
Lea además: Francisco Santos también llamó a Karen Abudinen por contrato de conectividad
Únicamente dejó en firme la denuncia contra el senador Armando Benedetti quien fue señalado por la exministra de las TIC de haberla llamado para que suspendiera la audiencia en la que se iba a pedir la revocatoria del billonario contrato.
Bustos insiste en que el congresista sea investigado por tráfico de influencias teniendo en cuenta las declaraciones públicas que hizo Abudinen en diferentes medios de comunicación.
Debido a esta situación el despacho del magistrado Misael Rodríguez deberá fijar una nueva fecha para la diligencia en la que se escuchará al senador Benedetti y así tomar una decisión sobre si abre o no una investigación formal.
Le puede interesar: Juez pide investigar a las dos funcionarias del MinTIC que avalaron billonario contrato con Centros Poblados
El congresista habría intentado contactar a la entonces Ministras de las TIC para que no revocara el contrato 1043 del 2020 que buscaba construir 10 mil centros digitales para brindarle conectividad gratuita a 14.745 colegios de zonas apartadas del país y el cual le había sido entregado a la Unión Temporal Centros Poblados –conformada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería de Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intc de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S-.
Para el inicio del mismo se les entregó como anticipo 70 mil millones de pesos para la compra de equipos. Sin embargo, los meses pasaron y el contrato nunca se puso en marcha como lo indicaba el cronograma. Debido a estos incumplimientos y al descubrimiento de pólizas falsas se ordenó su revocatoria.
-1200x675.jpg)
