Caso Miguel Uribe: Dos meses después del atentado, capturados buscan acuerdo

Tras cumplirse dos meses del atentado con arma de fuego contra el senador Miguel Uribe Turbay, el grupo de capturados por estar implicados en el ataque contra el precandidato presidencial avanzan en acercamientos con la Fiscalía para buscar concretar una eventual negociación con la justicia.

A la fecha son seis las personas capturadas por estar presuntamente involucrados como autores materiales en este atentado.

En desarrollo de esta investigación, la Fiscalía acusó de manera formal ante un juez especializado en la Ley de Infancia y Adolescencia al menor de 15 años capturado tras cometer el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado 7 de junio en el occidente de Bogotá.  

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Al ser interrogado por el juzgado el menor aceptó los cargos formulados por la Fiscalía como son homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y se tiene previsto que el próximo 27 de agosto se lleve a cabo la audiencia en la que se le emita la condena en su contra.

El menor fue capturado en flagrancia minutos después de ejecutar el atentado ocurrido el pasado 07 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón. Este menor fue aprehendido luego de una persecución, que se extendió por pocas cuadras, en la cual él resultó herido al recibir un disparo en la pierna lo que obligó a someterlo a una cirugía de urgencia.

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Dentro de los testimonios que hacen parte del escrito de acusación contra el joven sicario se encuentra el del  escolta del senador Uribe Turbay, quien señaló a la Fiscalía: “comencé a correr tras de esta persona y, una vez se percata, me hace un disparo. Temiendo por mi integridad física, reacciono con mi arma de fuego. Hago tres disparos a esta persona y, aproximadamente a 10 metros, esa persona vuelve a girar y realiza otro disparo”.

Los investigadores de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que el arma Glock 9 milímetros  que fue utilizada por el menor para cometer el atentado contra el senador fue modificada  para que disparara en ráfaga. 

Como parte de las pruebas que aportan la acusación se destaca el análisis de los peritos técnicos del CTI de la Fiscalía que estableció que las vainillas recuperadas en el parque El Golfito  donde ocurrió el atentado y en las cuadras aledañas que usó como ruta de escape el joven sicario, estaban recubiertas con bronce y latón, lo que evidenció que las balas fueron modificadas para causarle el mayor daño posible a Uribe Turbay.

De igual forma, los investigadores establecieron que el arma fue comprada el 6 de agosto 2020 en Arizona, Estados Unidos,  y  su envío al país fue realizado por partes a través de empresas de mensajería.

El adolescente se encuentra  recluido en una zona especial que fue acondicionada en el Búnker de la Fiscalía General, tras haberse recuperado en la Clínica Colombia donde fue sometido a una cirugía en una de sus piernas, luego de haber recibido una herida de bala en medio del intercambio de disparos que se produjo tras el atentado.

Debido a que el menor está siendo procesado bajo el sistema penal de responsabilidad penal para adolescentes, la máxima sanción a la que se expone es de 8 años de detención en un centro especial para menores.

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El menor también recibe acompañamiento constante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ya que, debido a su edad y por ser sujeto de especial protección constitucional, le sean garantizados sus derechos.

Sumado a la aprehensión del joven sicario por este atentado ya han sido capturadas otras cinco personas por estar implicadas en la ejecución material del ataque como son:  Cristian Camilo González Ardila, katerine Andrea Martinez, alias Gabriela; Carlos Eduardo Mora; William Fernando González Cruz, alias y El Hermano, y Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño cabecilla de la red criminal que organizó el ataque.

Son 180 investigadores especiales que trabajan para avanzar en las labores judiciales, con el fin de identificar, ubicar y judicializar a los determinadores de este atentado, cuya hipótesis está orientada a que las disidencias de la Segunda Marquetalia de las Farc estaría detrás del ataque.