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El proceso por la muerte del joven Dilan Cruz continúa en la Justicia Penal Militar, por un error de notificación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Civil de esa corte concluyó que la Sala Penal no le comunicó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sobre la tutela que interpuso la mamá del joven con la que buscaba que el proceso pasara a la Fiscalía.
Eso llevó a que la Judicatura no tuviera oportunidad de defenderse sobre la decisión que se tomó el 12 de diciembre y que dejó el proceso en la Justicia Penal Militar.
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“La notificación del auto admisorio no se verificó en realidad, circunstancia que impidió que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria tuviera conocimiento de la actuación iniciada en su contra”, concluyó la Sala.
Ese error de notificación llevó a que la Sala Civil tumbara la decisión de la Sala Penal que en abril ordenó a la Judicatura pedir el expediente a la justicia penal militar y volver a analizarlo.
En la tutela se señala que la Sala Disciplinaria de la Judicatura no tuvo en cuenta todas las pruebas del caso para decidir que el proceso debía quedar en manos de la Justicia Penal Militar, entre ellas una serie de entrevistas a miembros del CTI.
Pero la Sala Disciplinaria se defiende al señalar que, al momento de estudiar el conflicto de competencias, la Fiscalía no les había entregado esas pruebas.
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“Resolvió el conflicto de jurisdicciones conforme a los elementos probatorios que para la fecha de la determinación se hallaban en el expediente del caso (…) respuesta en la cual no se informó o mencionó ninguna declaración o entrevista realizada por miembros del CTI, a las siguientes personas: Héctor Wilmar Olarte Cancino, Fabián Paredes Aristizábal, Alexandra Paola González Zapata y Angie Lorena Medina Panqueba, activistas de Derechos Humanos y delegados de la Administración distrital para el acompañamiento de las protestas, quienes según refiere la accionante, presentaron una versión distinta a la narrada por los agentes de policía”, dice.
La Sala Civil entonces tumbó la decisión de la Sala Penal y le ordenó volver a estudiar la tutela, notificando a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que pueda defenderse.
Dilan Cruz falleció dos días después de recibir un disparo por un arma no letal del Esmad, el pasado 23 de noviembre en el Centro de Bogotá, en medio de las manifestaciones y protestas del paro nacional.
