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El juez segundo de control de garantías de Bogotá tomó la determinación de revocar la medida de aseguramiento en centro carcelario, que existía en contra de la empresaria Paola Fernanda Solarte Enrique y le otorgó el beneficio de detención domiciliaria.
En el marco de la determinación se estableció que Solarte -procesada por el caso Odebrecht- es madre cabeza de familia, hecho por el cual la modificación de la medida de aseguramiento era justificable.
Tanto el fiscal del caso y el representante de las víctimas no presentaron reparos ante la decisión del juez, al considerar que se trata de un tema netamente humanitario.
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El pasado 16 de noviembre, el fiscal 84 de la Dirección contra la Corrupción presentó detalles del preacuerdo firmado Paola Fernanda Solarte, dentro del proceso que se le adelanta por el pago de sobornos de Odebrectht para resultar beneficiada con el contrato Tunjuelo- Canoas que busca descontaminar el río Bogotá.
El representante de la Fiscalía General señaló que Solarte ya consignó 675 millones de pesos al Banco Agrario a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Igualmente se comprometió a consignar cuatro cheques por $281 millones cada uno.
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En la negociación se modificó uno de los delitos imputados: el peculado por apropiación cambió a abuso de confianza. Solarte continuará respondiendo penalmente por los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Alfredo Rodríguez Montaño, abogado de Paola Solarte, le pidió a la juez avalar el preacuerdo, indicando que se reintegraron los dineros del presunto detrimento patrimonial.
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Por su parte, el representante de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quien funge como víctima en el proceso, dijo que "se obtendría la segunda sentencia condenatoria, la primera fue en contra de Andrés Cardona, quien por preacuerdo aceptó cargos por celebración indebida de contratos y cohecho".
Paola Solarte enfrentaría una pena de 6 años y cinco meses de prisión, tendría que pagar una multa de 486 salarios mínimos y recibiría una sanción de 88 meses para ejercer cargos públicos.
Solarte Enriquez, quien se encuentra recluida en la cárcel el Buen Pastor, manifestó a través de su apoderado la aceptación de los tres delitos por los que es investigada y devolver la suma de 1.800 millones de pesos, al tiempo que espera no enfrentar una pena superior a los seis años de cárcel.
La Fiscalía General señaló en la imputación de cargos que se habrían presentado sobrecostos en el proyecto Tunjuelo- Canoas cercano a los 5 mil millones de pesos, de los cuales mil millones habrían sido entregados al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas y su hermano Iván Moreno.
El empresario Carlos Solarte también es procesado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. De acuerdo con el proceso, Carlos Solarte y su hija se habrían aprovechado de los anticipos girados por el Estado, para la ejecución del contrato 115 de 2009.
Dicho contrato se firmó por $244 mil millones y los contratistas -según dice la Fiscalía- recibieron cerca de $48 mil millones.
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