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El exfiscal noveno delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Bettín tendrá que pagar una suma cercana a los 40 millones de pesos como condena por el denominado cartel de la toga.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la aprobación del preacuerdo que firmó con la Fiscalía en el que se comprometió a ser testigo, a cambio de no pagar un día de cárcel por el escándalo. En ese sentido, el delito por el que se le investigó se cambió de prevaricato a abuso de la autoridad.
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Así las cosas, Bettín continuará en libertad pero tendrá que pagar la millonaria suma de dinero que rodea los 50 salarios mínimos legales vigentes al precio del salario en el 2017, monto que recibió por el último año en que trabajó en la Fiscalía.
Durante ese año sucedieron los hechos por los que fue condenado. Dice el expediente que se concertó con el entonces abogado Luis Gustavo Moreno y los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte para retrasar por tres años la imputación de cargos contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, por hechos de corrupción.
Bettín aceptó cargos y en una audiencia pasada pidió perdón al país y a la justicia por los hechos que llevaron a un desprestigio de la Corte Suprema de Justicia.
“No se dejen pernear o influir por aquellos que dicen ser sus amigos. Este acto de excusas hacia mis jefes y mis compañeros de la Fiscalía quiero que implique un mensaje de valentía y valor en su labor y que nunca, bajo ninguna circunstancia, permitan que ningunas influencias que son en apariencia permitan que afecte su labor de administrar justicia”, dijo en una audiencia del año pasado cuando se disculpó.
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El nombre del exfiscal salió a relucir en el proceso contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, en el que se mencionó la participación de Bettín en ese caso de corrupción judicial.
Todo esto se habría hecho después de recibir millonarias comisiones. En este punto, se manifiesta que el entonces magistrado y el fiscal delegado habrían logrado el archivo de dos casos a favor de Abadía.
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