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La Corte Constitucional definirá en manos de quién se quedará el proceso por el escándalo de corrupción en la justicia, denominado como el 'cartel de la toga', contra el excongresista Álvaro Ashton, después de que la Fiscalía alegara que el delito por el cual se le investiga es de su competencia, ya que según esa entidad no tiene relación con el conflicto armado.
Entre tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había aceptado su incorporación a la justicia transicional bajo el argumento de que el delito de cohecho sí tenía relación con el conflicto armado, porque en cierta medida el excongresista entregó coimas para frenar una investigación en su contra por parapolítica.
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Ese conflicto de competencias llegó hasta la Corte Constitucional cuyo ponente es el magistrado Alejandro Linares, quien ya entregó el proyecto de fallo a la Sala Plena para el análisis que tendrá lugar este miércoles.
LA FM conoció de manera extraoficial, que al parecer la ponencia va dándole la razón al excongresista y dejando su proceso en la Jurisdicción Especial (JEP).
Cabe mencionar que el excongresista Álvaro Ashton ya ha entregado su testimonio en el marco de los juicios que adelanta la Corte Suprema por eses escándalo de corrupción.
En enero de este año declaró en el juicio contra el exmagistrado Gustavo Malo, en donde reconoció que entregó dineros al exfiscal Luis Gustavo Moreno, para lograr de manera ilegal que el proceso por parapolítica en su contra se archivara con ayuda de los supuestos miembros del 'cartel de la toga'.
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En medio de esa audiencia pública, Ashton dijo que acordó el pago de 800 millones de pesos, de los cuales se hizo efectiva la entrega de 400 millones en dos tandas. Dijo que esas entregas se hicieron la ciudad de Cartagena y que los restantes 400 millones no se entregaron porque nunca se logró el archivo del proceso.
Incluso señaló que Gustavo Moreno siempre le hablaba de los entonces magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, como “su equipo de trabajo” en la Corte Suprema de Justicia.
Esas declaraciones se han dado en el marco de su compromiso a la verdad tras ser aceptado en la JEP. Ahora la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la jurisdicción competente para investigarlo por el delito de cohecho.
