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Un juez del departamento de Córdoba condenó a 10 años de prisión al excoordinador del programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de esa región del país, Alfredo Ignacio Ceballos Blanco, quien aceptó su responsabilidad en el desvío de más de 1.500 millones de pesos, para la atención de 14 'pacientes fantasma', en el marco del escándalo denominado el 'cartel de la hemofilia'.
La decisión fue tomada luego que el funcionario judicial avalara el acuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y el condenado, en donde se comprometió a suministra información clave para dar con todos los responsables de ese escándalo de corrupción.
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De acuerdo con las investigaciones de las autoridades judiciales, el ex funcionario reconoció que esos recursos fueron destinados supuestamente para el suministro de medicamentos y tratamientos de pacientes de alto costo que no existieron, para luego defraudar las arcas del departamento.
Alfredo Ignacio Ceballos Blanco, fue condenado por su responsabilidad en los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros.
En el marco de la investigaciones, la Fiscalía logró demostrar que la Gobernación de Córdoba pagó 1.525 millones de pesos en mayo de 2016 a la institución prestadora de salud (IPS), San José de la Sábana, para la atención y entrega de medicamentos para 14 falsos pacientes que supuestamente padecían hemofilia y/o el síndrome de Von Willebrand.
Estas personas aparentemente pertenecían a la población más vulnerable de esa región del país y no recibían subsidios ni apoyo del departamento. Sin embargo, las autoridades judiciales no encontraron documentos que acreditaran esas condiciones médicas y económicas.
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Para poder justificar esas acciones irregulares, el ex funcionario condenado falsificó varios actos administrativos para poder desviar esos recursos.
En su decisión, el juez primero penal indicó que “indudablemente se estaba ante un hecho grave y de impacto social”.
También se demostró que Ceballos Blanco aprovechó el cargo que tenía en la Secretaría de Salud del departamento de Córdoba para beneficiar a particulares, poniendo en riesgo a los verdaderos pacientes de hemofilia que no cuentan con los recursos económicos para pagar los tratamientos, ni las citas con especialistas para tratar esa enfermedad.
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