La FM en Google News
Ante la Fiscalía General de la Nación fue interpuesta una denuncia penal para que se investigue si un grupo de abogados que opera en el país estaría acudiendo a algunas maniobras para presentar millonarias demandas contra algunos municipios.
La acción judicial fue interpuesta por Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas, quien explicó que se habría conformado un cartel de personas que estarían presentando demandas multimillonarias para paralizar la cuentas de determinadas localidades.
“Hemos recibido innumerables denuncias reiterativas sobre la existencia de un grupo, casi que cartelizado de abogados, empeñado en esquilmar los recursos departamentales y municipales y de esta forma obligarlos y arrodillarlos para que paguen los montos por ellos exigidos, defraudando el erario público. Dejan en la iliquidez a estos municipios y en últimas terminan cobrando por servicios no prestados”, sostuvo.
Bustos explicó que uno de los casos más llamativos está ocurriendo en el municipio de Melgar, contra el que un abogado interpuso una demanda por más de 4.800 millones de pesos exigiendo el pago de unos honorarios por cuenta de una labor que supuestamente no desempeñó y logró que las cuentas de la localidad fueran congeladas, dejando casi que de manos cruzadas a esa administración.
“Este caso es emblemático porque el abogado William Jair Galarraga Guzmán ha cobrado por honorarios no prestados, es decir, obtiene unos honorarios multimillonarios y los embargos resultan desproporcionados, cuatro o cinco veces el valor aducido de la obligación y estas irregularidades fueron reconocidas por vía de tutela por el propio Consejo de Estado y todavía no han sido resueltas y el municipio está embargado”, indicó.
“Presentamos una denuncia ante la Fiscalía para que pare este exabrupto, impida que sean desangradas las arcas municipales y corrija los ejercicios cuestionables y reprochables de abogados que están decididos a cobrar honorarios cuando no han prestado el servicio profesional”, añadió.
El director de la Red de Veedurías dijo que espera que la Fiscalía tome decisiones sobre este caso, que está afectando gravemente la ejecución presupuestal de algunos municipios del territorio nacional.
