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Ante la Fiscalía General de la Nación, la Red de Veedurías solicitó formalmente información sobre la investigación que por posible lavado de activos se abrió hace más de una década contra el exembajador de Colombia en Venezuela, Fernando Marín Valencia.
El caso que hace referencia la Red de Veedurías tiene que ver con el escándalo de corrupción conocido como carrusel de la contratación, caso por el cual fue condenado el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas.
“La Red de Veedurías se pregunta el porqué el proceso de lavado de activos contra el exdiplomático Fernando Marín Valencia, que vivía en ostentosos lugares en Bogotá y Cartagena, y fuera imputado por la Fiscalía General de la Nación por el presunto ocultamiento de los recursos procedentes del carrusel de la contratación, denunciado por la Red de Veedurías, no habría avanzado pese a que los hechos fueron materializados, al decir de la Fiscalía en 2009 y 2011”, argumentó Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías.
Por eso, se solicitó igualmente la apertura de un proceso de extinción de dominio en contra de Marín Valencia y su núcleo familiar.
Mediante un derecho de petición, la Red de Veedurías solicitó a la Fiscalía la información sobre esta investigación y el porqué luego de más de una década aún no hay resultados.
“Obedecerá esto al hecho de que Ana Milena Marín, hija de Fernando Marín Valencia, conviviría -según información recibida- con un funcionario activo de la Fiscalía General de la Nación como es el señor Erick Bluhum Monroy”, reveló Bustos.
El vocero de la Red de Veedurías insiste en una pronta respuesta de la Fiscalía y un “quehacer inquebrantable” sobre la procedencia de los recursos endilgados como lavado de activos, a manera de imputación.
La Red de Veedurías ahora espera la respuesta al derecho de petición por parte de la Fiscalía y este polémico caso.
