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La Audiencia Nacional de España confirmó la extradición del empresario Carlos Mattos Barrero, quien es requerido en Colombia en dos procesos de corrupción en la Rama Judicial.
Mattos, quien se encuentra en España desde hace dos años, es procesado por presuntamente haber autorizado el pago de millonarios sobornos para resultar beneficiado en un pleito judicial.
Tras resolver un recurso de apelación, la Sala desestimó los argumentos planteados por la defensa del empresario y dejó en firme el fallo emitido el tres de mayo para extraditar al empresario quien es “requerido por las autoridades colombianas para el enjuiciamiento”.
En el debate jurídico se consideró que no existen evidencias para hablar de una persecución judicial contra Mattos en Colombia, señalando que solamente se hicieron citaciones y no se presentó una prueba clara que permitiera inferir la existencia de “un complot”.
“De la documentación extradicional remitida, no se desprende intervención alguna del Fiscal General de la Nación en la presente causa, sin perjuicio de qué pudiera existir una subordinación de los fiscales actuales respeto de aquél, debido al principio de dependencia jerárquica, que tampoco resulta ajeno a nuestro ordenamiento”, precisa la decisión.
En este punto se señala que “por sí sólo, no acredita que la demanda de extradición haya sido motivada o urdida con fines ajenos a la materialización de la acción de la justicia, ni permite atribuir a aquella un carácter político”.
En la decisión se tuvo en cuenta las decisiones emitidas por diferentes jueces de Colombia que han cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario al empresario.
En una de las conclusiones del fallo se rechazaron las peticiones que hacían alusión a la edad y grave estado de salud de Mattos para evitar su extradición a Colombia. “La cuestión de la edad o la salud del reclamado son ajenas al Convenio de Extradición aplicable (…) por lo que no constituye causa de denegación ni imperativa ni facultativa alguna”.
La Fiscalía General acusó a Mattos por los delitos de utilización indebida de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema, daño informático y cohecho por presuntamente haber autorizado el pago de millonarias sumas de dinero para que una acción de tutela fuera direccionada al despacho del juez sexto civil de Bogotá, Reynaldo Huertas para que emitiera medidas cautelares en medio del pleito que sostenía con una empresa ecuatoriana para la comercialización de vehículos de la marca Hyundai en Colombia.
El empresario le habría ordenado a sus abogados hacer las acciones necesarias para que el reparto fuera manipulado y llegara especialmente al juzgado de Huertas para que avalara sus pretensiones. Para esto, se pagaron millonarios sobornos a funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como a particulares.
Mattos enfrenta otro proceso penal por presuntamente haberle enviado 100 millones de pesos a la jueza 16 civil de Bogotá después que dejara en firme las medidas cautelares que lo beneficiaron.
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