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Los hechos ocurrieron en el 2011, cuando Arias abordó a la entonces fiscal 135 de la unidad de Patrimonio Público, Teresita Barrera, para pedirme informes sobre la investigación contra la abogada Martha Rodríguez Barguil y José Samuel Pineda Rodríguez, señalados de falsificar documentos para cobrar una póliza de seguros que cubría enfermedades de alto costo.
Para la Corte, Arias en su calidad de director, estaba en todo su derecho de pedir cuentas a Barrera de los procesos que cursaban en su despacho.
"Siendo el Director Seccional de Fiscalías, superior jerárquico de los fiscales delegados a nivel nacional, seccional o local, estaba facultado para exigirle a la doctora Teresita Barrera Madera la rendición de informes periódicos, demandarle la presentación de resultados, fijarle plazos para el cumplimiento de las funciones de investigación, etc., pudiendo llegar, incluso a hacer uso de la potestad disciplinaria que le estaba atribuida".
La sala determinó que el testimonio que rindió Barrera contra el exfiscal correspondió a "meras apreciaciones o suposiciones", que no podrían ser tomados como prueba en contra del exfiscal en un proceso penal, "debe acotarse que la apreciación integral e imparcial de su dicho hace que éste no sea enteramente confiable, por las inconsistencias que presenta".
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