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En una declaración pública, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo se desmarcó de las decisiones que tomó el secretario destituido José Antonio Salazar, al señalar que no tenía las facultades para adjudicar el contrato a Thomas Greg & Sons.
En primer lugar, Murillo recordó que el pasado 22 de febrero, de conformidad con el régimen institucional de la Cancillería, se decidió que la Secretaría General retomaría el trámite del proceso licitatorio LP 003 de 2023, que aún está en curso, para la elaboración y suministro de pasaportes.
"Esto se hizo con el fin de fortalecer la institucionalidad en la gestión de todos los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y demás de la Cancillería", agregó Murillo.
Dijo también que el 23 de febrero se suspendió y "se mantiene suspendido el proceso, con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia".
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"El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 20232", dijo en la declaración.
El canciller y ahora exjefe de José Antonio Salazar, dijo que el destituido funcionario "ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y, por tanto, contrarias a las instrucciones del canciller (e)".
Murillo dio a conocer que desde el 22 de febrero "sabía de su retiro", sin embargo, fue hasta el 26 que fue removido.
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"Se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599.000 millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario", dijo Murillo.
El canciller también dijo que "no es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74-923 para el proceso contractual antes referido".
"Estos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre del año pasado para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal", reiteró.
Las sedes en Bogotá, las gobernaciones y nuestros consulados alrededor del mundo, "siguen y seguirán prestando el servicio de pasaportes sin alteraciones, como quiera que el Contrato No. 356 se encuentra en ejecución hasta el 2 de octubre de 2024".
