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La Corte Constitucional tiene en sus manos definir dos demandas contra la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que se aprobó en el Congreso de la República, luego de un arduo debate en el que se introdujeron algunas disposiciones propuestas por el Centro Democrático.
Las demandas las encabezan las organizaciones judiciales Dejusticia y La Comisión Colombiana de Juristas, que cuestionan las modificaciones al tratamiento especial diferenciado para el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública que se acojan a la jurisdicción y las reglas de juego para los trámites de extradición.
Por un lado, dicen que la modificación al tratamiento especial para militares, le quitaría competencias a la JEP para investigar “las estructuras y los móviles de las violaciones a las víctimas” del conflicto.
Dicho punto también fue cuestionado por el Gobierno, que argumentó que ya existen unas reglas de juego para el juzgamiento especial que reciban los militares que se acojan a la Jurisdicción.
El otro punto que cuestionan los demandantes, tiene que ver con los trámites de extradición, en el sentido que el Congreso aprobara la imposibilidad de la JEP para solicitar pruebas y determinar la fecha de la conducta, si el ex guerrillero es requerido por otro país, como es el caso de Jesús Santrich.
Los demandantes dicen que dicha modificación estaría violando la independencia de la JEP como órgano autónomo de investigación en casos de paz.
Entre los demandantes se encuentran los juristas Gustavo Gallón Giraldo, Juan Carlos Ospina Rendón, Rodrigo Uprimny Yepes y Diana Isabel Güiza Gómez.
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