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La excongresista Aida Merlano se fugó después de asistir a una cita médica en el norte de Bogotá en la tarde de este martes.
Las primeras informaciones señalan que Merlano habría huido en una moto que la esperaba en el centro médico. El motoclista tenía uniforme de Rappi.
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Merlano, quien se encontraba privada de su libertad en la cárcel El Buen Pastor, fue trasladada hasta la Carrera Séptima con 116 por un guardia y un conductor del Inpec.
El Instituto Penitenciario y Carcelario ya notificó a las autoridades para que se adelanten todos los trámites y se ordene la captura de la exsenadora quien fue sentenciada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en la compra de votos.
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Aida Merlano fue capturada el 11 de marzo de 2018 en su sede de campaña en Barranquilla por agentes del CTI después que se obtuviera elementos materiales para inferir su participación en la compra de votos para los comicios que se iban a celebrar ese día.
En 'La Casa Blanca', como se llamaba su sede de campaña en la capital del Atlántico, encontraron cédulas, certificados electorales, dinero en efectivo, una libreta con nombres y armas de fuego.
El pasado 14 de septiembre, la Sala de Casación Penal condenó a 15 años de prisión a Merlano por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas.
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El alto tribunal determinó que la dirigente política lideró una organización para presionar y comprar electores con el único fin de ser elegida para el Senado en el período 2018-2022.
En el mismo fallo se compulsaron copias ante la Fiscalía General para investigar al empresario barranquillero, Julio Gerlein -principal financiador de la campaña de Melrano- por su presunta participación y conocimiento en la compra de votos.
La Corte también le pide a la Fiscalía investigar a Edwin Martínez Salas, José Manzaneda, Yahira Calle, Adriana Blanco, Eveling Carolina Díaz Díaz, Carlos Rojano Llinás, Lilibeth Llinás y Ana Niebles.
La Corte Suprema además compulsó copias a la sala de Instrucción para abrir investigación contra el senador Arturo Char, el entonces representante a la Cámara y hoy senador Laureano Augusto Acuña Díaz, la diputada Margarita Ballén, los concejales Aissar Castro, Vicente Támara, Juan Carlos Zamora, Jorge Rangel y Adalberto Llinás.
Por estos mismos hechos el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura al determinar que con su actuar intentó afectar directamente el proceso democrático.
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