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El juzgado 19 de conocimiento de Bogotá aceptó que Andrés Felipe Arias Leiva sea testigo en el proceso que se adelanta en contra de varios exfuncionarios del Ministerio por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).
Los abogados de los procesados consideraron pertinente conocer la versión de Arias dentro del proceso penal puesto que encabezó la puesta en marcha del programa que buscaba fortalecer programas agrícolas y hacerlos más competitivos tras la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Debido a esto, el despacho judicial avaló la declaración de Arias quien debería ser citado vía teleconferencia para que rinda su testimonio desde los Estados Unidos –donde se encuentra actualmente privado de su libertad- o personalmente, dependiendo sí las autoridades estadounidenses avalan su extradición al país.
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Con esto se puso punto final a la etapa preparatoria del juicio en contra del exdirector del programa Agro Ingreso Seguro, Julián Alfredo Gómez Díaz; el excoordinador del mismo, Daniel Montoya López; el excoordinador técnico, Jairo Cano Gallego; el exasesor jurídico, Julio César Daza González; así como el exgerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Rodolfo José Campo Soto.
Estos exfuncionarios fueron acusados en agosto de 2012 por la Fiscalía General por las presuntas irregularidades que se presentaron en la firma de contratos para la adjudicación y entrega con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
En el escrito de acusación se revela que desde la oficina jurídica se firmaron contratos irregulares para la dirección y la coordinación general de la implementación, el desarrollo y la ejecución del programa Agro Ingreso Seguro. Los documentos precontractuales fueron asignados de manera directa vulnerando los principios de planeación, selección objetiva, transparencia y economía.
La Fiscalía General señaló que mediante los convenios 005 de 2008 y 052 de 2009, que tenían relación con la convocatoria de riego y drenaje, se presentaron serias irregularidades que permitieron que empresarios y particulares que no cumplían con los requisitos exigidos se vieran beneficiados de manera exclusiva con este programa.
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Debido a esto fueron acusados por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos y peculado por apropiación a favor de terceros.
El exministro de Agricultura fue sentenciado en 2014 a 17 años y cinco meses de prisión por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en estos hechos.
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