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Asonal Judicial y la Corporación Excelencia a la Justicia hicieron un llamado a respetar la autonomía de las decisiones adoptadas por parte de la Corte Suprema de Justicia, a propósito de la orden de detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe.
Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial, aseguró que las altas cortes siempre han fundamentado sus determinaciones en pruebas que gozan de toda la contundencia del caso.
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“Esta decisión de la Corte Suprema en su sala de Instrucción, basada en la contundencia de las pruebas, determina esa autonomía y esa independencia y eso debe ser respetado por todos los ciudadanos”, dijo Machado.
A su turno Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la Corporación Excelencia a la Justicia, insistió en la necesidad de acoger con prudencia y acatando el debido proceso las decisiones de la administración de justicia.
“Centrarnos en el respeto y ese respeto va a dos niveles, el respeto a las decisiones judiciales para que ellas sean acatadas y eventualmente criticadas y cuestionadas pero nunca desobedecidas”, señaló Herrera Mercado.
Asimismo, Herrrera Mercado sostuvo que “como contrapartida, el respeto a las garantías procesales de cualquier persona que esté siendo sindicada, en este caso el expresidente Álvaro Uribe”.
El proceso
La investigación en contra de Álvaro Uribe se inició en septiembre de 2018 en el despacho del magistrado José Luis Barceló. Él conoció unas pruebas que señalaron a Uribe de intentar torcer el testimonio de un exparamilitar que lo ha relacionado con el surgimiento de los paramilitares en el departamento de Antioquia.
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La Corte lo llamó a indagatoria y vinculó al proceso al congresista Álvaro Prada, pero por el surgimiento de las salas de primera instancia esa diligencia se realizó hasta octubre del año pasado.
La Corte escuchó el testimonio de varios exparamilitares, entre ellos Pablo Hernán Sierra alias ‘Alberto Guerrero’; José Gelvez Albarracín alias ‘El Canoso’; y Jesús Ignacio Roldan alias ‘Monoleche’.
También se escuchó el testimonio de exfiscales y políticos como la excongresista Piedad Córdoba y el senador Iván Cepeda, quien fue reconocido como víctima en el proceso.
