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En ese sentido, un magistrado del Tribunal de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá, tomó la determinación de negar la sustitución de la medida de aseguramiento que había elevado en su momento su abogado de confianza en esa Corporación judicial.
El magistrado, dentro de sus argumentos, señaló que "faltan certificaciones importantes tales como las actas de buena conducta, las cuales no fueron remitidas por el Inpec".
También advirtió "falta el compromiso de la verdad, por haber atribuido al esclarecimiento de los hechos cometidos".
El magistrado de ese tribunal compulsó copias para que se investigue disciplinaria y penalmente a los funcionarios del Inpec de la cárcel de Itagüí, para que se indague la forma en que se están expidiendo las actas de buena conducta.
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