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La Contraloría General identificó un nuevo caso de posible corrupción en la gobernación de Alán Jara. A finales de 2015, el gobernador del Meta firmó un contrato con la Unión Temporal Vivienda de Interés General Indígena del Meta, que estaba en cabeza de William Bravo Bermúdez en ese momento.
El contrato fue por al rededor de $ 21.000 millones y debían construirse 517 viviendas para indígenas vulnerables en un territorio de ese departamento. Sin embargo, tres años y medio después de que se pactó el contrato y de que se hicieron adelantos por $ 13.885 millones, las viviendas siguen siendo una promesa contractual.
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Jara tiene varios procesos en la Contraloría por contratos para insumos médicos en hospitales del Meta cuando fue gobernador. También fue investigado por los hechos de Fidupetrol y ahora se suma este contrato por el que la Contraloría compulsará copias a la Fiscalía General y a la Procuraduría.
La Contraloría identificó también que hubo un pago de cerca de la mitad del contrato solo un mes después de que se pactó. Las obras están completamente abandonadas y no hubo una supervisión adecuadas para exigirle al contratista que cumpliera con sus obligaciones de acuerdo a los recursos entregados.
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El contrato fue firmado exactamente por secretario de Vivienda de entonces, Luis Alberto Rodríguez Medina, y el contratista debía ejecutarlo en un plazo de 10 meses.
No solo el contratista nunca cumplió, sino que, además, dos años después de firmado el documento hubo una adición de $2.213 millones. Los municipios afectados fueron Puerto Gaitán, Puerto López, La Uribe y Mesetas. Y los indígenas que debían recibir las viviendas pertenecen a las etnias Sikuani, Achagua, Piapoco, Embera-Katio, Los Páez y Nasa, entre otras.
