La FM en Google News
La excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia, se enfrenta a una posible segunda condena en el país, esta vez relacionada con traspasar los límites de gastos electorales en su pasada campaña al senado de la República.
En su contra ya pesa una condena de once años y cuatro meses de prisión por corrupción y compra de votos para llegar al Senado en el 2018.
Lea también: Consejo de Estado ratifica silla vacía en curul de Aida Merlano
Con suficientes pruebas en su contra, la Corte Suprema de Justicia decidió llamarla a juicio por el delito de violación de topes o límites de gastos electorales.
Según la Corte, en medio de la investigación que inició hace meses atrás se encontraron movimientos financieros en torno a la campaña política de Merlano que, al parecer, fueron irregulares.
Según las pruebas, a través de esos movimientos al parecer “se habría buscado dar apariencia de legalidad sin que la tuvieran” a los dineros usados en campaña
“Estas sumas de dinero habrían terminado en la campaña de Merlano, superando ampliamente los topes definidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que, en virtud de la resolución 2796 del 8 de noviembre del 2017, imponía un límite de gastos de 884.131.163 millones de pesos”, señaló la Corte.
Lea también: Cadena perpetua no podrá ser aplicada a violador de niños en jardín de Medellín
En este sentido se señala que la candidata conservadora habría gastado entre mil y seis mil millones de pesos, suma que supera de lejos el monto máximo permitido. en su campaña para ese año, dado a que el tope avalado era de $884 millones.
Ese proceso se desprendió de las pruebas recolectadas durante el operativo en su sede de campaña en Barranquilla el 27 de marzo de 2018, cuando las autoridades encontraron armas, material electoral y alrededor de 261,441 millones de pesos en efectivo y por lo cual se le abrió el proceso que la condenó por compra de votos.
Por esos mismos hechos, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de Merlano.
Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo estableció que la entonces dirigente política gastó más de 1.730 millones de pesos en su campaña y señaló que Merlano se había negado a entregar a las autoridades el informe de gastos e ingresos de campaña.
