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Luego de los allanamientos realizados por las autoridades en la sede de la congresista Aida Merlano, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se centran en el hallazgo de las pruebas que den cuenta de la comisión de un delito.
Así lo señaló el general Jorge Luis Vargas, al frente de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía. De acuerdo al uniformado, cada uno de los elementos es analizado por expertos del Centro Cibernético de la Policía.
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"Este es un trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación con la Policía Nacional, la seccional de investigación criminal realizó las diligencias de allanamiento y en este momento estamos realizando toda la labor de peritaje de todos los elementos encontrados, son varios computadores, documentos físicos, elementos digitales de almacenamiento, estamos en ese peritaje", indicó.
El objetivo es avanzar de manera oportuna para establecer las pruebas de delitos como corrupción al sufragante, cuya presunta responsabilidad deberá enfrenta la senadora electa Aida Merlano, hoy suspendida por la Procuraduría y por el Partido Conservador.
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Esta semana la Fiscalía decidió compulsar copias contra la congresista Aída Merlano ante la Corte Suprema de Justicia, luego del allanamiento a su sede de campaña en Barranquilla, donde habría funcionado una sofisticada red de compra de votantes para jornada electoral del pasado 11 de marzo.
En el allanamiento a la sede de campaña de la congresista Aída Merlano en Barranquilla se incautaron nueve computadores, cuatro armas de fuego (tres sin salvoconducto y una con salvoconducto a nombre de Aída Merlano), $268’993.000 en efectivo y registro de cámaras seguridad instaladas en la casa.
Según la Fiscalía General de la Nación, la campaña de Aída Merlano habría entregado más de $6.000 millones para la compra de votos. La campaña habría pagado $40.000 por cada voto más $5.000 de subsidio de transporte.
(Lea: Fiscalía: campaña de Aída Merlano habría pagado $40.000 por cada voto)
Ahora deberá responder ante la Corte por este caso de corrupción que tiene aterrado al departamento del Atlántico principalmente.
