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A través de la Mesa de Seguimiento, la Corporación Sisma Mujer realizó una investigación en la que evidenció las fallas en el cumplimiento de los autos 092 de 2008 y 009 de 2015 de la Corte Constitucional, por medio de los cuales se buscó garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, ocurridos dentro del conflicto armado colombiano.
Según explicó Luisa Fernanda Martínez, abogada de la corporación Sisma Mujer, las sobrevivientes de la violencia sexual que fue perpetrada por grupos armados ilegales y la Fuerza Pública, tienen un 97 % de impunidad.
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“El informe constata como bajo el nivel de frente a las órdenes sobre justicia, protección y atención integral de la 768 mujeres que hacen parte de los 627 casos de las víctimas de violencia sexual, perpetrados por todos los grupos armados legales e ilegales, en el marco del conflicto armado”, señaló Martínez.
Agregó además que, “se presentan 41 recomendaciones para superar el clima de impunidad y desprotección y para que las autoridades encargadas entre estás la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los tribunales de la jurisdicción ordinaria de Justicia y Paz, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad para las Víctimas, Unidad Nacional de Protección, Ministerio de Salud, Consejo Superior de la Judicatura entre otras, garanticen una respuesta dentro del más alto nivel de la agenda nacional como lo ordenó la Corte Constitucional”.
Según la abogada Martínez, las autoridades deben dar cumplimiento a lo que estableció la Corte Constitucional.
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“En general, las autoridades obligadas a su cumplimiento, carecen de articulación, entre ellas para abordarlas de manera coordinada las barreras identificadas por la Corte, en el acceso a las mujeres en su justicia, su protección y su atención integral la salud".
Apuntó que, "adicional a ello, las organizaciones obligadas desconocen la totalidad de las mujeres que integran los anexos reservados”.
