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El Juzgado 35 Administrativo de Medellín admitió la acción de tutela interpuesta por parte del Sindicato de Profesionales de EPM y UNE, Sinpro, en contra del municipio y su representante legal, el alcalde Daniel Quintero, por presuntamente transgredir el código de gobierno corporativo de la empresa.
En la acción popular, el sindicato planteó que la crisis administrativa en la Compañía, tras la renuncia masiva de su junta directiva el 11 de agosto de 2020, puso en riesgo el patrimonio de EPM y vulneró al menos tres derechos colectivos.
La presidente de Sinpro, Olga Arango Herrera, aseguró que por medio de la acción popular solicitaron medidas cautelares para que el alcalde presente un informe relacionado con el cumplimiento del código del gobierno corporativo de EPM, que entre los años 2020 y 2021 ha perjudicado el nombre de la empresa en los mercados internacionales generando consecuencias negativas para la región.
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"Solicitamos que el alcalde presente un informe relacionado con el cumplimiento del código de gobierno corporativo de EPM durante los últimos dos años. Que se declare que con sus actuaciones el alcalde puso en riesgo la estabilidad financiera de EPM".
Según Sinpro, entre los derechos colectivos que se vulneraron en medio de la crisis de EPM están al menos la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente.
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Entre tanto, el sindicato pidió que en caso de comprobarse la afectación financiera que habría sufrido EPM, que esta sea restituida por el alcalde a título personal. Es así que luego de esta notificación, por parte del Juzgado, el municipio tendrá un plazo de diez días para contestar la acción y solicitar pruebas.
