Abren nueva investigación contra Aida Merlano

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una nueva investigación contra la excongresista Aida Merlano por  su presunta participación en delitos electorales. 

La investigación tiene relación con la violación de los topes electorales para su campaña al Senado de la República en 2018.

En este sentido se señala que la candidata conservadora había gastado entre mil y seis mil millones de pesos, suma que supera de lejos el monto máximo permitido. en su campaña, pese a que el tope avalado es de $884 millones.

Lea además: Aida Merlano aún estaría en Bogotá, dice la Fiscalía

El proceso se desprende de las pruebas recolectadas durante el operativo en su sede de campaña en Barranquilla el 27 de marzo de 2018, cuando las  autoridades encontraron armas, material electoral y alrededor de 261,441 millones de pesos en efectivo para la compra de votos.

Fuentes de la Corte le señalaron a La FM que tienen cuatro mil documentos, entre los que se encuentran 33 paquetes de operaciones relacionados con talonarios de consignaciones, que al parecer habrían sido usados para financiar su campaña política. 

Por esos mismos hechos, el Consejo de Estado en primera instancia decretó la pérdida de investidura de Merlano. 

Lea también: Conservadores dicen que el partido no tiene responsabilidad política por fuga de Aida Merlano

Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo estableció que la dirigente política gastó más de 1.730 millones de pesos, suma que supera de lejos el monto máximo permitido. 

El Consejo de Estado señaló que Merlano se había negado a entregar a las autoridades el informe de gastos e ingresos de campaña. 

"El incumplimiento del deber de nombrar el gerente de la misma, la omisión en la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de los recursos y la falta de registro de los asientos contables en el 'Módulo de Ingresos y Gastos' evidencian la intención de ocultar el flujo de gastos y denotan un claro propósito de quebrantar el ordenamiento legal para, con ello, obtener un provecho con miras a garantizar su elección al Senado de la República, como en efecto ocurrió”, señaló el fallo.