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Los abogados de Omar Ambuila y Elba Chará anunciaron que trabajan en la recolección de pruebas y requisitos necesarios para levantar la medida de aseguramiento en centro carcelario que pesa contra estas personas.
Una nueva firma de abogados será la encargada de defender a la familia Ambuila, protagonistas del gran escándalo de corrupción de la Dian en el Distrito Portuario de Buenaventura.
Se trata de la firma Díaz Garnica, la cual ya inició el proceso de recolectar las pruebas suficientes que le permitan sacar de la cárcel a los padres de Jenny Ambuila.
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Cabe recordar que la pareja está privada de la libertad tras ser judicializada en Cali por los delitos de lavados de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Según la Fiscalía, esta familia del puerto del pacífico y otras dos personas conformaban una red criminal que permitía el paso de grandes cantidades de mercancía de contrabando en el distrito portuario, a cambio de fuertes sumas de dinero.
"Estamos trabajando para solicitar una audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, por lo cual estamos recopilando todo el material probatorio para preparar la defensa, mientras que la Fiscalía también realiza sus labores", señaló el abogado Álvaro Díaz Garnica, ahora representante de los Ambuila.
El jurista aclaró que aún no hay una fecha en la que solicitarán dicha audiencia, pues quieren tomarse el tiempo pertinente que les permita preparar una defensa solida ante este caso.
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Por su parte, Jenny Ambuila, una de las hijas del matrimionio Ambuila-Chará, permanece en una lujosa casa estrato seis en el sur de la ciudad, tras un proceso judicial que le permitió cumplir su medida de aseguramiento domiciliario.
Jenny resultó implicada en el caso de corrupción de la Dian, entidad donde laboraba su padre como Jefe del Grupo Interno de Trabajo y Control de Carga de esta entidad nacional.
De la familia Ambuila se ha conocido que poseen varios bienes y negocios en Cali y en el exterior, los cuales hasta el momento no han sido objeto de extinción de dominio, ni otro procedimiento legal por parte de la Fiscalía.
