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El abogado Marino Moreno, quien defiende los intereses del patrullero Juan Camilo Lloreda, planteó ante una juez de control de garantías una coalición de competencias para que el proceso por la muerte de Javier Ordóñez pase a la Justicia Penal Militar.
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El jurista argumentó, al inicio de la audiencia en la cual la Fiscalía General le va a imputar cargos a los dos patrulleros, que el caso debe pasar a la justicia castrense.
El patrullero Lloreda se entregó en la mañana de este viernes en las instalaciones de la Dijín de la Policía después de conocer la existencia de una orden de captura emitida por un juez de control de garantías tras avalar una petición de la Fiscalía General.
En la audiencia que se adelanta en la noche de este viernes la Fiscalía General le solicitará a una jueza de control de garantías que legalice las respectivas capturas de los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harby Damián Rodríguez Díaz.
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Igualmente le imputará los delitos de homicidio agravado y tortura a los dos agente de la Policía que habrían golpeado y atacado con pistolas eléctricas a Ordóñez quien se encontraba consumiendo bebidas embriagantes en la calle en la madrugada del pasado 9 de septiembre.
Tras golpearlo, los subieron a la fuerza a una patrulla para trasladarlo al CAI de Villa Luz. Posteriormente, Ordóñez tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico donde falleció.
Los abogados de los dos policías procesados señalaron que no aceptarán los cargos que le imputará la Fiscalía General.
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