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Lorent Saleh, dirigente y miembro de la ONG “Operación Libertad”, fue entregado en 2014 a funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en San Cristóbal y de la oficina de Migracion de San Antonio del Táchira, en calidad de deportado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Saleh y el también estudiante opositor venezolano Gabriel Valles fueron expulsados de Colombia por hacer proselitismo en ese país, actividades prohibidas por las normas migratorias. Los jóvenes, activistas opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, tenían en su país de origen órdenes de captura emitidas por un tribunal de control por la violación del régimen de presentación al que estaban sometidos desde 2010.
En ese año, los opositores fueron aprehendidos “cuando participaban en manifestaciones violentas (...), procedimiento durante el cual también se les incautó material bélico”, informó el Ministerio Público de Venezuela.
Esta no era la primera detención que sufría el joven. En 2013, Saleh se disponía a viajar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, donde se reuniría con organizaciones no gubernamentales, cuando se le impidió abandonar el país. En aquella ocasión, las autoridades del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en el estado Carabobo, alegaron que su pasaporte había sido anulado, a pesar de que el documento tenía fecha de vencimiento para el año 2017.
Tras su deportación en 2014, el Centro Democrático, liderado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, reprochó la medida. Uribe condenó la medida de la administración del presidente Juan Manuel Santos, mientras que quien fuera su vicepresidente, Francisco Santos, responsabilizó de la suerte de Saleh al mandatario y a su canciller, María Ángela Holguín. “Santos entrega estudiantes a Maduro que protege a terroristas”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter, mientras que Francisco Santos anotó: “Si algo le pasa a Lorent Saleh dos personas son responsables: Juan Manuel Santos y María Angela Holguín”.
En Venezuela, el Ministerio Público de ese país informó que el estudiante Lorent Saleh fue imputado por tres delitos adicionales a los cuatro por los que ya lo habían inculpado. “El MP imputó tres nuevos delitos a Lorent Gómez Saleh, quien el pasado 8 de septiembre fue privado de libertad luego de haber violado el régimen de presentación otorgado por el Tribunal 3 de Carabobo a propósito de su participación en unas protestas violentas en esa jurisdicción en 2010”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
“Expedición indebida de certificados falsos, facilitación de ingreso ilegal de extranjero y falsificación de documento”, serían los tres nuevos delitos que se sumarían a las imputaciones hechas por “instigación e intimidación al orden público, incertidumbre pública y divulgación de información falsa”.
El estudiante, privado de libertad desde su expulsión de Colombia, fue trasladado de la sede en Carabobo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a la del estado Táchira, tomando en cuenta que en esa jurisdicción se encuentra el tribunal que realizó las últimas imputaciones en su contra.
La madre de Gómez Saleh, Yamile Saleh, responsabilizó entonces al presidente, Juan Manuel Santos, por lo que pueda pasarle a su hijo. “Él (Santos) es el culpable porque lo hizo aun sabiendo las amenazas públicas en contra de mi hijo, que está en riesgo su vida. Si querían deportarlo podían hacerlo a otro país, más si es un defensor de los derechos humanos”, aseguró.
Tres años después, Saleh dijo que su hijo sigue detenido a pesar de que "jurídicamente no hay nada en contra de él", al tiempo que recordó que permanece en un penal conocido como 'La tumba'. Saleh Rojas dijo que quisiera estar en Colombia, a propósito de la visita del papa Francisco, para pedirle que "rectifique su error".
Estos fueron sus argumentos
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