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Desde la mañana de este sábado, se registraron liberaciones de personas detenidas en Venezuela consideradas “presos políticos”, según informó Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal. Las excarcelaciones se produjeron en el contexto de las detenciones tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado vencedor.
Romero anunció en la red social X que hasta las 08:30 a.m. (hora local), 10 personas habían sido liberadas de la Cárcel de San Francisco de Yare, en el estado Miranda. Este fue el único centro penitenciario cuya cifra de excarcelados fue precisada.
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Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmó la liberación de mujeres en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, también en Miranda. Aunque no especificó el número, indicó que las liberadas recibieron medidas cautelares.
Mientras tanto, familiares de jóvenes detenidos en otros centros penitenciarios, como las cárceles de Tocorón y Tocuyito, ubicadas en los estados Aragua y Carabobo, esperan ansiosos a las afueras de estos recintos por posibles excarcelaciones.
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El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el viernes que su despacho inició la revisión de 225 casos relacionados con las detenciones posteriores a las elecciones. Según Saab, estas solicitudes de revisión surgen tras nuevas investigaciones y elementos probatorios.
Además, señaló que los disturbios posteriores a los comicios dejaron un saldo de 28 fallecidos, cerca de 200 heridos y la destrucción de más de 500 bienes públicos y privados.
Organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición han identificado a aproximadamente 1.850 detenidos tras las protestas por la reelección de Maduro, incluyendo 69 menores de edad, mujeres y miembros de las fuerzas armadas. Los detenidos enfrentan acusaciones de delitos graves como terrorismo y conspiración.
Aunque las liberaciones representan un avance, el número de personas que permanecen encarceladas aún genera preocupación en la sociedad civil. Las ONG y familiares insisten en que estas medidas deben ser el inicio de un proceso de justicia más amplio que garantice el respeto a los derechos humanos y el cese de la criminalización de la protesta en Venezuela.
