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El máximo tribunal de Venezuela declaró "procedente" pedir la extradición de la exfiscal rebelde Luisa Ortega y el antiguo presidente de la petrolera PDVSA Rafael Ramírez, residentes en Colombia y España respectivamente, informó la corte este viernes.
Incluida en las investigaciones por el caso de "magnicidio en grado de frustración" contra el presidente Nicolás Maduro, Ortega sería juzgada por "traición a la patria" y "usurpación de funciones", indicó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un boletín.
El martes, el fiscal general, Tarek William Saab, de línea chavista, la señaló como "cómplice".
Ello por un mensaje en Twitter en el que Ortega negaba su relación con el presunto atentado pero aseguró que, de haber estado involucrada, Venezuela "estaría celebrando su libertad".
El pasado 4 de agosto, durante un desfile militar en Caracas, dos drones cargados con explosivos detonaron cerca de la tribuna en la que Maduro daba un discurso.
Ortega se alejó del chavismo tras acusar al TSJ de "romper el hilo constitucional" cuando asumió temporalmente funciones del Parlamento, de mayoría opositora. Fue destituida en agosto de 2017 por la Asamblea Constituyente que rige al país con poderes absolutos.
A Ramírez, presidente de la estatal petrolera PDVSA durante una década y cercano aliado del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), se lo acusa de integrar "una trama de corrupción" por la que han sido detenidos unos 90 exfuncionarios.
El jueves, el TSJ había autorizado pedir a Colombia la extradición del diputado opositor exiliado Julio Borges, acusado por el presunto ataque contra Maduro.
Hasta el momento, 14 personas han sido detenidas, incluido el diputado opositor Juan Requesens, de un total de 34 supuestos implicados, según la Fiscalía.
Con el aval de la corte, según la ley, la Cancillería tiene paso libre para tramitar las peticiones.
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