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"El financiamiento y apoyo logístico estadounidense a los grupos violentos en Venezuela han facilitado una insurgencia armada", denunció la cancillería, advirtiendo que dicha insurrección será contrarrestada con la ley.
Las protestas contra Maduro iniciadas el 1 de abril dejan 38 muertos, así como cientos de heridos y detenidos, algunos de los cuales -según organizaciones de derechos humanos- están siendo juzgados ilegalmente por cortes militares.
En su comunicado, el gobierno venezolano aseguró que el auspicio estadounidense forma parte de una trama para intervenir al país con las mayores reservas petroleras del mundo, que incluye un bloqueo financiero internacional y declaraciones amenazantes de funcionarios.
La cancillería citó en particular al subsecretario interino de Estado para el Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, quien el pasado martes criticó los planes de Maduro de reformar la Constitución como mecanismo, según el mandatario, para resolver la crisis política.
A juicio de Palmieri, con su convocatoria a una Asamblea Constituyente Maduro busca "permanecer en el poder".
La cancillería venezolana sostuvo que la "violencia vandálica y extrema" de las últimas semanas también se debe a decisiones "intervencionistas" de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el pasado mes denunció una ruptura del orden constitucional en el país caribeño.
Esto, a raíz de decisiones con las cuales la justicia -según la oposición concertada con Maduro- se adjudicó temporalmente las funciones del Parlamento, único poder que controlan los adversarios del gobierno socialista.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, considera que Venezuela se encuentra bajo una "dictadura", ante lo cual Caracas lo acusa de ser un "cipayo" al servicio de la Casa Blanca.
Con información de AFP
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